POR MARIANA LANZAS Y SALVADOR GARCÍA-ATANCE
Publicado en el Diario Expansión el 04/11/2015 .
En los últimos 30 años España ha tenido una tasa de crecimiento media de cerca del 2,5%, la segunda más alta si la comparamos con países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Solo Estados Unidos supera a España en este registro. La media de los países europeos queda muy por debajo de la tasa española, con un 1,7%. En los mismos 30 años la tasa de paro media de nuestro país ha sido superior al 16%, la más alta en comparación con los mismos países. En ese periodo la tasa de paro media española ha sido más del doble de la estadounidense y casi el doble que la media de los países europeos.
Quizás resulta especialmente ilustrativa la comparación con Italia. Incluso teniendo España una tasa de crecimiento media más de dos veces la italiana, su tasa de paro es siete puntos porcentuales más elevada.
El que haya habido distintos partidos gobernando España durante ese periodo no altera las conclusiones aquí expuestas. La situación de paro más elevada que en los demás países a pesar de un crecimiento acentuado es permanente, independiente de quien gobierne. Si comparamos los promedios de desempleo y crecimiento en cada uno de los últimos cuatro mandatos presidenciales, los resultados son similares: España crece a un ritmo superior o similar al del resto de países pero registra una tasa de desempleo significativamente mayor. Las únicas dos excepciones son, en primer lugar, los peores años de la crisis, cuando la economía española se contrajo más que las demás, y en segundo lugar, el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria, cuando el paro descendía a un ritmo mucho más acusado que el del resto de países, aunque ni siquiera ese descenso acelerado consiguió que el desempleo en España fuera inferior a la media europea. En 2007, el paro en España seguía siendo superior al de Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos.
Parece, pues, que el paro en España aumenta y disminuye en función del ciclo económico pero manteniendo un nivel muy superior al de los países de nuestro entorno, a pesar de que España crece de promedio más que estos. Las causas de esta situación se han expuesto y analizado extensamente: la educación, sobre todo la universitaria; la baja productividad (tanto en nivel como en tasa de crecimiento) debido entre otras cosas al capitalismo de amiguetes, la economía sumergida y la regulación de nuestro mercado de trabajo explican esa indeseable peculiaridad con la que vivimos.
Centrándonos en este último aspecto hay que reconocer que la última reforma implantada por el PP, siendo positiva, ha sido una oportunidad perdida para dar un paso relevante en lo que a contratación laboral se refiere. Hay pocos asuntos en los que exista un consenso tan grande entre los economistas académicos españoles y foráneos, ya sean de ideología conservadora, liberal o socialdemócrata, como en la conveniencia de implantar un contrato único. Todos achacan unas consecuencias perversas a la dualidad entre fijos y temporales, que no es habitual en nuestros países de referencia: desequilibrios en los ajustes de empleo, falta de incentivos para la formación dentro de la empresa, perjuicio para los trabajadores más jóvenes con consecuencias graves a largo plazo, etcétera.
La pregunta que surge es automática. ¿Por qué ni el PSOE ni el PP reforman ese aspecto de la contratación laboral cuando sus asesores económicos profesionales se lo recomiendan?
Tanto a Zapatero, en la segunda legislatura, como a Rajoy en esta, se les aconsejó y argumentó personal y colectivamente sobre la conveniencia de esta medida. El caso del Gobierno del PP es más hiriente, porque se perdió la ocasión de las medidas anticrisis para la puesta en práctica de una reforma laboral que incluyera la simplificación de la contratación aunque no es el único responsable. Hay que llamar la atención sobre el papel que juegan en este enigma los llamados agentes sociales, es decir, los sindicatos y la confederación de empresarios.
Los primeros, que fueron decisivos a la hora de frenar la reforma con Zapatero, piensan que esta medida quizá mejoraría a los trabajadores temporales pero perjudicando a los fijos, a través de un cambio en las condiciones de despido, situación que va en contra de los intereses sindicales. Parece que las medidas que se pueden articular para suavizar el problema mediante la aplicación del sistema solo a las nuevas contrataciones y otras, no han logrado convencer a los líderes de estas organizaciones.
La patronal, que ha sido importante en el tipo de reforma aplicada por el PP, no está tan interesada en cambiar la dualidad fijos-temporales como en modificar el funcionamiento de los convenios y el coste del despido. Parece que los líderes empresariales creen que cada empresa está más interesada en su funcionamiento interno desde el punto de vista laboral que en el nivel agregado de empleo que hay en el país, que sería el objeto primordial del contrato único.
Si estamos en lo cierto, tendríamos una situación en la que los dos lobbies relevantes para el mercado de trabajo rechazan, o al menos no apoyan, una medida que podríamos considerar de interés general. Los dos partidos mayoritarios no son capaces de superar esa situación y siguen rechazando el consenso académico favorable al contrato único. De esta forma se perpetúa una situación tan esperpéntica como la expuesta.
Salvador García-Atance es técnico comercial y economista del Estado. Mariana Lanzas Goded es graduada en Global Affairs por la Universidad de Yale.